Entre los desafíos más importantes identificados en los discursos de la ONU en Acción 2030 se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad y el aumento de la justicia y la paz global. Sin embargo, aunque importantes avances en servicios, tecnología, salud, etc. Como se puede observar a nivel general, estos no alcanzan de la misma manera a todos los componentes de las sociedades, generando enormes brechas entre los grupos más ricos y más pobres.
En el caso de América Latina, la segregación socioespacial está alcanzando niveles inaceptables. Los grupos más ricos concentran buena parte de los ingresos y beneficios económicos y se benefician de lo que podríamos llamar un gran confort socioambiental, mientras que, en el otro extremo, los grupos más pobres viven en condiciones extremas y están particularmente expuestos a riesgos ambientales. Los movimientos sociales que ocurrieron en 2019 en Ecuador y Chile denuncian predominantemente las brechas económicas y, por lo tanto, se hacen eco de una demanda de justicia social. Estas brechas, definidas por el ingreso y resultantes del sistema económico dominante, tienen diferentes expresiones espaciales, como la marginación ligada a la pobreza, en las zonas urbanas y rurales, las demandas centenarias de los pueblos indígenas, la inseguridad de las comunidades rurales y urbanas frente a la violencia del narcotráfico, el acceso desigual al agua y la exposición a riesgos de origen natural o altas concentraciones de contaminantes.
Los territorios así marcados por una concentración de riesgos y molestias a veces se describen como “zonas de sacrificio” ambientales. Estas “zonas de sacrificio” ambiental, en el caso de Chile, pueden definirse como espacios donde se concentran una gran cantidad de industrias contaminantes que afectan gravemente la calidad de vida y la salud de la población, particularmente niños y adultos mayores, debido a los altos niveles de contaminación. niveles de emisiones y residuos. Sin embargo, los daños ambientales son acumulativos y permanentes en el tiempo, y las personas que viven en estas regiones por su condición social muchas veces no pueden emigrar, lo que genera un grave problema socioecológico. El término “zonas de sacrificio” ambientales podría sugerir que sólo representan el daño colateral de un modelo social, inevitable para lograr objetivos (y beneficios) más elevados. En este contexto, consideraríamos que podemos compensar la desigualdad a través de compensaciones sociales y/o ambientales. Sin embargo, también hay que cuestionar las políticas públicas de ordenamiento territorial, que validan o dirigen el destino de estos espacios hacia la concentración estigmatizante de infraestructuras contaminantes y de poblaciones pobres. De manera más general, las políticas públicas implementadas han demostrado ser insuficientes para abordar estas desigualdades, perpetuando en muchos casos situaciones de injusticia ambiental que, en su expresión territorial, no pueden ni deben entenderse como el precio a pagar, especialmente si aún afectan. los sectores más pobres de la sociedad.